Un grupo de defensa de inmigrantes ha presentado una denuncia ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) contra un colmado de Stamford en nombre de un exempleado que alega condiciones de trabajo insalubres y salarios deficientes.
Lorenzo Moreno emigró de Ecuador hace unos meses y nos cuenta que por casi un mes, fue empleado de Utuado Grocery, donde le pagaban $12.15 por hora. El salario mínimo en Connecticut aumentó a $15 en el mes de junio.
Moreno indica que en su lugar de trabajo hay una infestación que está afectando su salud.
“Vi pulgas, que causaron mucho picor... Ya no podía soportarlo más”, comentó Moreno. “Las piernas me sangraban por las picadas, y le pedí a mi compañero que se lo dijera al dueño o al gerente porque no podía seguir trabajando en esas condiciones”.
Moreno dice que advirtió al dueño sobre la infestación pero que no tomaron acción para resolver el problema. Luego, empezó a sufrir alergias graves y lo llevaron al hospital en ambulancia.
Según Moreno, los médicos le dijeron que la reacción fue causada por su exposición a insectos y roedores en el trabajo.
Y cuando Moreno intentó regresar a trabajar, dice que lo despidieron.
“Llamé y envié mensajes de texto para decirles que me sentía enfermo. Pero me informaron que ya no trabajaría más con ellos”, recuerda.
Los defensores laborales también exigen que la tienda pague las facturas médicas de Moreno relacionadas con las condiciones de trabajo insalubres.
Connecticut Public hizo varios intentos de comunicarse con Utuado Grocery para obtener sus reacciones e incluso visitó la tienda. Un empleado que contestó el teléfono expresó que no estaba autorizado a emitir comentarios. Durante una llamada telefónica con el dueño de la tienda, José Tineo, este no se pronunció sobre las denuncias de su exempleado.
Carla Esquivel es la fundadora y directora ejecutiva de Trabajadoras del Hogar: Nosotras, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los trabajadores en el área de Stamford. Su grupo protestó frente al colmado para exigir un trato digno hacia los trabajadores indocumentados.
“Nuestro propósito es empoderar a las personas para que tengan mejores condiciones de vida y ayudarles a conocer sus derechos”, apuntó Esquivel.
Débora González, miembro del grupo de defensa para inmigrantes Unidad Latina en Acción, confirmó que su organización presentó una denuncia ante OSHA en nombre de Moreno.
Connecticut Public no ha podido confirmar oficialmente si se ha presentado una denuncia ante OSHA. Por su parte, un funcionario de OSHA se negó a confirmar directamente los pormenores de la denuncia y pidió a Connecticut Public que presentara una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información.
El Departamento de Salud de Stamford inspeccionó el establecimiento en julio tras haber recibido quejas y reclamos sobre el colmado. Conforme a un informe de inspección, un inspector encontró excrementos de roedores y de gatos. Un empleado del establecimiento dijo que a veces permitían que entraran gatos callejeros. El colmado recibió órdenes de limpiar el excremento animal y mantener a los gatos callejeros fuera del establecimiento.
Días más tarde, durante una inspección de seguimiento, el establecimiento presentó un recibo que indicaba que el espacio había sido tratado para combatir las alimañas.
Virgil de la Cruz, que forma parte de la Junta de Representantes de la ciudad de Stamford, no estaba al tanto del asunto al Connecticut Public comunicarse con él.
“Sería mucho mejor que el propio empleado se comunicara conmigo y presentara un informe al departamento de salud que tiene jurisdicción sobre este tipo de asunto”, afirmó de la Cruz.
Un estudio realizado por el Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica) demuestra que los trabajadores indocumentados, como Moreno, son más propensos a ser víctimas de abuso laboral y de deficiencias en los procedimientos de salud y seguridad.
Hace unos meses, la administración Biden compartió una guía actualizada del Departamento de Seguridad Nacional para ofrecer un proceso “acelerado de solicitud de acción diferida” a trabajadores indocumentados que hayan sido víctimas o testigos de violaciones a derechos laborales.
“Este es el mensaje que estamos tratando de llevar a la comunidad de Stamford”, Esquivel afirmó. “Aunque no tengas papeles, hay leyes que te protegen. Las personas no deben sentirse intimidadas, ni tener miedo de hablar”.
