La inmigración continúa siendo el enfoque principal para los senadores estatales republicanos. Este miércoles, los argumentos que se han venido esparciendo desde el año pasado lograron convencer al comité judicial del Senado, en un voto de tres a dos, para recomendar favorablemente un proyecto de ley que busca exigir cooperación de los departamentos policiales con funcionarios federales de inmigracion.
La propuesta requeriría que estos departamentos brinden información de inmigrantes indocumentados aún si no han cometido crímenes graves, así como realizando aprehensiones en las comunidades. También prohibiría cualquier política o práctica de los gobiernos locales para ser más acogedores con los inmigrantes indocumentados, como lo hace la ciudad de Lebanon.
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Varios senadores detrás de este proyecto de legislación quieren frenar estas prácticas pro-inmigración y prohibir que existan las llamadas “ciudades santuario” en New Hampshire. La propuesta también llega en medio de un vigoroso debate público sobre el riesgo que enfrenta el estado por los cruces ilegales en la frontera norte de New Hampshire, aunque recientes datos federales publicados por la ACLU muestran que el número de cruces es relativamente bajo.
El principal argumento de los republicanos que lideran la propuesta es que terroristas, traficantes de humanos y narcotraficantes estarían entrando al país a través de la frontera canadiense. El presidente del senado, Jeb Bradley, en una rueda de prensa a principios de este mes, dijo que esas personas se encuentran “en todos los pueblos”.
Pero, cuando se le pidió evidencia para dichas alegaciones, Bradley no pudo decir si alguno de los 21 inmigrantes que han cruzado la frontera New Hampshire-Canadá entre 2022 y 2023 estaba en la lista de vigilancia federal de esos crímenes.
El proyecto tiene el apoyo de la Federación para la Reforma Estadounidense de Inmigración (FAIR) la cual ha sido catalogada como un grupo de odio antiinmigrante por el Southern Poverty Law Center. Su presencia ha provocado oposición de algunos miembros del comité.
Shari Randall, una representante de la organización, le dijo a NHPR que ella fue invitada por uno de los patrocinadores del proyecto pero se negó a decir quién.
Eva Castillo, directora de la Alianza para Inmigrantes y Refugiados de New Hampshire, dijo que el proyecto de ley no viene de los constituyentes del senado republicano ni de la policía: Viene de sus “ambiciones políticas”, dijo.
“Hay pocos proyectos de ley en contra de la inmigración en la Cámara este año, pero este es el peor”, dijo.
Los departamentos policiales en Manchester, Hollis, Hudson y Merrimack han apoyado las llamadas políticas "santuario". Los oficiales dijeron en el pasado que estos esfuerzos ayudan a mantener una buena relación de confianza y no de miedo con las comunidades inmigrantes.
Estos departamentos ya reportan a ICE cuando una persona indocumentada es capturada por un crimen grave. Castillo dice que la ley no cambiaría eso, solamente aumentaría el miedo de personas indocumentadas que necesiten llamar a la policía cuando su seguridad esté en juego, como en el caso de mujeres indocumentadas que sufren violencia doméstica. Ella dice que no lo harán por miedo a exponerse a que la policía los reporte a inmigración a pesar de no haber cometido un crimen.
Castillo ha trabajado durante 20 años para que exista una mejor relación entre estas comunidades vulnerables y la policía, explicándoles que los estándares son diferentes a los de sus países y que aquí la policía es “honorable y justa”, le dijo a los miembros del comité judicial a principios de mes.
Pero dichos departamentos han rechazado comentar esta semana sobre la legislación revivida este año.
Castillo dijo que la policía local podría gastar esos recursos y tiempo combatiendo crímenes reales y ayudando a personas que sufren abuso de sustancias. Activistas argumentaron algo similar cuando el estado aprobó $1.4 millones para salvaguardar la frontera norte.
Al brasileño Wesley Souza le preocupa el proyecto SB 563. Aunque vive de manera legal en el país, tiene muchos amigos y familiares que no. Él tiene miedo de que la nueva ley consiga deportarlos, incluso cuando no han cometido un crimen.
“No queremos lastimar a las personas americanas; estamos aquí para ayudar y apoyar”, dijo a las afueras de la audiencia del comité a inicios de febrero.
A esta preocupación se une la reverenda Alison Palm de Nashua, ciudad que tiene una iniciativa de “ciudad acogedora”. Ella espera que los inmigrantes indocumentados puedan vivir en la comunidad sin miedo.
“Hay racismo desde hace unos años [aquí]”, dijo. “Y no quiero vivir en una comunidad donde las personas viven con miedo”.
Una legislación similar, también promovida por la bancada republicana, fue presentada en 2022 y no se aprobó. El proyecto se presentará al Senado el próximo jueves 7 de marzo.
