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Cómo la Ley Trust ampara a los inmigrantes indocumentados de Connecticut ante la deportación

ARCHIVO: En 2021, las lágrimas no cesaron cuando Glenda Cardenas, de Waterbury, revisó la ropa que encontró en un armario portátil que su difunto esposo Miguel Torres empacó después de ser deportado a Honduras. Cardenas confesó en ese momento que la incertidumbre de no saber si también sería deportada era abrumadora. Algunos en Connecticut están preocupados por los inmigrantes indocumentados ante los planes de deportación masiva del presidente electo Donald Trump. Los legisladores estatales afirman que ya existen leyes para protegerlos.
Joe Amon
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Connecticut Public
ARCHIVO: En 2021, las lágrimas no cesaron cuando Glenda Cardenas, de Waterbury, revisó la ropa que encontró en un armario portátil que su difunto esposo Miguel Torres empacó después de ser deportado a Honduras. Cardenas confesó en ese momento que la incertidumbre de no saber si también sería deportada era abrumadora. Algunos en Connecticut están preocupados por los inmigrantes indocumentados ante los planes de deportación masiva del presidente electo Donald Trump. Los legisladores estatales afirman que ya existen leyes para protegerlos.

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En medio de las continuas declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre amenazas de deportación masiva, los funcionarios de Connecticut intentan llevar calma a las comunidades indocumentadas. Aseguran que el estado cuenta con salvaguardias legislativas para proteger a las personas indocumentadas.

Una de esas medidas es la Ley Trust, una legislación adoptada tras redadas de alto perfil llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en barrios latinos de Connecticut, que dejaron profundas huellas en las comunidades afectadas.

La historia de las redadas del ICE en Connecticut

En septiembre de 2006, la policía de Danbury, en colaboración con agentes del ICE, detuvo a 11 residentes latinos durante una operación encubierta. Los obreros subieron a un vehículo con un hombre que, según ellos, los contrató para realizar trabajos de demolición. El hombre era un agente encubierto de Danbury que los llevó al supuesto lugar de trabajo donde la policía local efectuó los arrestos.

El caso generó indignación dada la alegación de que se habían vulnerado sus derechos constitucionales y llevó a nueve de los detenidos a presentar una demanda por violaciones a sus derechos civiles contra la ciudad de Danbury y el ICE. La demanda concluyó con un acuerdo por $650,000 para los jornaleros, con $400,000 pagados por la ciudad y $250,000 por el gobierno federal. Desde entonces, los trabajadores se conocen como los “11 de Danbury”.

Menos de un año después, en junio de 2007, agentes del ICE realizaron 29 arrestos en Fair Haven, un vecindario mayoritariamente latino de New Haven. Las detenciones, en su mayoría realizadas sin órdenes judiciales, provocaron que once hombres afectados presentaran una demanda contra el ICE, argumentando que los arrestos se basaron en perfiles raciales.

El caso resultó en un acuerdo histórico. El gobierno federal pagó $350,000 a los demandantes y ofreció alternativas como ayuda migratoria o la finalización de sus procedimientos de deportación.

Las redadas de Danbury y New Haven, junto con otras intervenciones similares, movilizaron a legisladores y defensores de los derechos civiles para impulsar la Ley Trust.

¿Qué es el la Ley Trust?

La Ley Trust se aprobó inicialmente en 2013. Esta legislación estableció límites claros sobre la información que las autoridades estatales y locales de Connecticut pueden compartir con ICE y busca restringir la cooperación entre la policía estatal y local y los oficiales federales de inmigración.

Al igual que un sistema de frenos y contrapesos, la Ley Trust permite “supervisar a burocracias o agencias policiales específicas [en Connecticut] para limitar su intercambio de información con el ICE”, explicó Kris Klein Hernández, profesor adjunto de historia en Connecticut College.

Según Hernández, el objetivo principal de la ley es garantizar un trato más humano hacia las personas indocumentadas y evitar que el ICE obtenga información que facilite su identificación y deportación.

Sin embargo, en 2019, los legisladores de Connecticut identificaron lagunas en la legislación original que permitían al ICE acceder a cierta información a través de las fuerzas del orden locales.

Para abordar estas deficiencias, el representante estatal Steve Stafstrom, demócrata de Bridgeport, y el senador estatal Gary Winfield, también demócrata, propusieron un proyecto de ley para atender estos problemas.

Las enmiendas implementadas restringieron aún más la colaboración, permitiendo que las fuerzas del orden estatales y locales compartan información con el ICE solo en casos específicos, como cuando una persona indocumentada ha sido condenada por un delito grave o está vinculada a actividades terroristas.

El propósito de estas revisiones es garantizar que las autoridades de Connecticut se concentren en los delitos locales y no desvíen recursos innecesariamente hacia los agentes federales de inmigración, señaló Stafstrom. Además, agregó que estas medidas buscan crear un entorno en el que las personas indocumentadas puedan sentirse seguras al comunicarse con la policía local sin temor a represalias migratorias.

Ley Trust ante el regreso de Trump a la presidencia 

Con la inminente toma de posesión de Donald Trump en enero, defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado preocupación por posibles deportaciones masivas que afecten a las comunidades inmigrantes. En Connecticut, más de 110,000 inmigrantes indocumentados enfrentan esta incertidumbre.

Sin embargo, Stafstrom afirmó que no ha recibido informes de preocupaciones específicas relacionadas con la Ley Trust ni de la necesidad de realizar cambios adicionales a la legislación.

Según Hernández, las deportaciones masivas podrían ser más difíciles de ejecutar en Connecticut que en estados como Texas, gracias a leyes como la Ley Trust.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, también mostró confianza en la solidez de esta legislación. En una reciente conferencia de prensa, funcionarios estatales reafirmaron su apoyo a la comunidad inmigrante y destacaron la importancia de la Ley Trust.

“El gobierno federal no puede venir a Connecticut y apoderarse de los recursos estatales ni de las fuerzas del orden para que hagan su trabajo. Tampoco pueden exigirnos que lo hagamos por ellos. Eso es lo que establece [la Ley Trust]”, declaró Tong.

Daniela Doncel is a Colombian American journalist who joined Connecticut Public in November 2024. Through her reporting, Daniela strives to showcase the diversity of the Hispanic/Latino communities in Connecticut. Her interests range from covering complex topics such as immigration to highlighting the beauty of Hispanic/Latino arts and culture.

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