La trayectoria de William Tong, que comenzó en el restaurante de comida china de su familia y lo ha traído a trabajar para el estado de Connecticut como su Secretario de Justicia, lo ha hecho un fuerte crítico de las políticas migratorias del presidente electo, Donald Trump.
“Mis padres llegaron con las manos vacías. Mi padre tenía 57 centavos en su bolsillo cuando llegó a Hartford, Connecticut. Ellos no eran ciudadanos cuando nací, así que adquirí la ciudadanía por nacimiento”, explicó Tong.
La decimocuarta enmienda de la Constitución de EE. UU. extiende el derecho a ser ciudadano estadounidense a toda persona nacida en territorio nacional. Sin embargo, en diciembre, Trump anunció que rescindiría este derecho el primer día de su mandato, y Tong indicó que sería el primero en demandar si Trump acababa con la ciudadanía por nacimiento.
“Cuando alguien ataca a aquellos que tenemos ciudadanía por nacimiento y nos llama bebés ancla, es a mí a quien se refiere. Es un ataque personal”, expresó Tong.
Trump ha declarado que tomará varias medidas en su primer día para fortalecer las políticas migratorias federales, aunque no ha sido claro en cuanto a cómo lo hará.
En la mirilla del Partido Republicano en CT la Ley TRUST
Se acerca el día de la investidura presidencial, y los Republicanos de Connecticut han expresado interés en reforzar las políticas migratorias del estado para que estén calibradas con las políticas federales, y se alineen con los esfuerzos de Trump.
Rob Sampson, senador estatal republicano, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley TRUST de Connecticut, que le permite a personas indocumentadas comunicarse con la policía local sin miedo a ser deportadas, al limitar la comunicación entre las fuerzas locales del orden público y los oficiales federales de inmigración.
“Me parece que la Ley TRUST conflige directamente con la ley migratoria federal, y debe anularse”, dijo Sampson.
Sampson apoyó la Ley TRUST cuando se aprobó por primera vez en 2013, pero explicó que la ley se extralimitó cuando se enmendó en 2019 para expandir el alcance de las protecciones a las personas indocumentadas, y dejó los delincuentes convictos y terroristas en potencia como únicas excepciones.
“Debemos restablecer el estado de derecho y permitir que el gobierno federal oriente la revisión de nuestra política migratoria, para abrir paso a un mayor volumen de inmigración lícita”, expresó Sampson.
Según Matt Ritter, Presidente demócrata de la Cámara, no hay planes en agenda para hacerle cambios a la Ley TRUST en la sesión legislativa de 2025. Considera que la ley está bien redactada y cubre muchos de los problemas que la legislatura entendió que podrían surgir.
“No sé si podríamos hacerle grandes cambios a la ley”, dijo Ritter, pero dependiendo de cómo el gobierno federal lleve a cabo su plan de deportaciones masivas, “quizás haya modificaciones, y desde luego las atenderemos”.
Ritter dice que el reto estará en la interacción entre los poderes federales y estatales durante el segundo cuatrienio de Trump.
“¿Deberíamos perseguir a personas que han vivido aquí como ciudadanos ejemplares y solo están trabajando por mantener a sus familias? No creo que esa deba ser la prioridad del gobierno federal”, indicó Ritter.
Pero la administración Trump asegura que esa no es la prioridad. Trump ha dicho que piensa comenzar las deportaciones masivas con los criminales, y luego pasará a deportar a otras personas indocumentadas.
Sin embargo, algunos analistas y antiguos funcionarios migratorios le expresaron a NPR que las maneras en las que piensa abordar estas deportaciones enfrentarán retos logísticos, como los recursos para detener a personas y obstáculos jurídicos.
Choque de poder entre los estados y el gobierno federal
La política migratoria de Connecticut también ha recibido ataques externos en tiempos recientes; una organización sin fines de lucro y bufete de abogados administrado por el subdirector del gabinete de políticas de Trump envió una carta amenazando al gobernador, Ned Lamont, por las leyes migratorias de Connecticut.
En dicha carta, el grupo conservador America First amenazó a Lamont y a su administración con procesamiento criminal por políticas que protegen a los inmigrantes, también llamadas políticas “santuario”.
“El asunto es que usted y los demás funcionarios que apoyan o ejecutan las leyes, políticas o reglamentos santuario tienen intereses personales en el asunto. Cada uno de ustedes podría ser procesado criminal o civilmente por sus actos ilegales”, leía la carta.
El Secretario de Justicia, William Tong, indicó que la carta es un “intento absurdo” de acosar e intimidar a la gente. Stephen Miller, subdirector del gabinete de políticas de Trump, preside America First Legal. Tong explicó que en esa posición, Miller no tiene autoridad alguna en el sector migratorio.
“Se trata del estado soberano de Connecticut. Stephen Miller no tiene nada que decir sobre quiénes somos, ni de lo que creemos, ni de cómo viviremos, ni de nuestras leyes o de cómo las ejecutaremos”, declaró.
La carta fue recibida en un correo electrónico con el nombre de Lamont, pero no era una dirección oficial o en funciones.
Sin importar lo que venga, Tong asegura sentirse preparado.
“Estoy listo para luchar por la gente de Connecticut y nuestras familias. Nunca he estado más listo”, dijo.
