Escrito originalmente en inglés por English, traducción al español por María Aguirre.
Lupita vive en una casa entre un macizo de ondulantes campos agrícolas. Hace poco, un día entre semana, ella frió plátanos y calentó la bebida mexicana Atole para sus hijos y algunos visitantes — un tentempié acogedor para un día frío.
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Solo identificaremos a Lupita por su segundo nombre. Ella está preocupada por las represalias de la administración de Trump, incluyendo su detención y deportación, debido a su estatus legal.
Ella es parte de una comunidad de entre 1,000 y 1,500 inmigrantes Latinos en Vermont que trabajan en granjas, o que están viviendo con familiares que trabajan en granjas, en su mayoría en la industria lechera.
Lupita dice que ella y su papá dejaron su casa en Tabasco, México, porque ya no podían cosechar sandías debido a la contaminación.
Era invierno cuando llegaron al condado de Addison, uno de los dos condados lecheros más grandes en Vermont. Lupita tenía 16 años, y recuerda el frío. Ella llora mientras cuenta lo difícil que fue estar lejos de su familia.
“Eran momentos muy difíciles, porque yo extrañaba mucho a mi mamá y a mis hermanos”, dijo Lupita. “No sé, era muy joven, no hablaba el idioma y siempre me sentía muy sola”.
Ahora, de 30 años, Lupita dice que Vermont le recuerda mucho a Tabasco. Es pequeño, rural y hermoso. Y ha llegado a sentirse como en casa.
“Yo siento que me enamoré mucho de Vermont”, dijo.
Un sistema para toda la industria lechera
Por décadas, los productores lecheros han contratado a trabajadores inmigrantes debido a una escasez de mano de obra local.
Esta práctica está muy extendida en EE.UU., pero actualmente no hay camino hacia un estatus legal disponible para estos trabajadores inmigrantes. La visa H-2A, por ejemplo, es temporal. Y las vacas lecheras deben ser ordeñadas todos los días, todo el año.
El grupo de presión política de la industria lechera National Milk Producers Federation (Federación Nacional de Productores de Leche) dice que quiere que el Congreso brinde estatus legal permanente para los trabajadores agrícolas actuales y sus familias, al igual que un programa viable de trabajadores invitados. El senador retirado de Vermont, Patrick Leahy, hizo algunos intentos legislativos para esto.
Mientras tanto, la industria ha tenido que lidiar con la aplicación de leyes migratorias.
El presidente electo Donald Trump ha prometido un programa de deportación masiva que empieza el primer día de su administración. Aún no se sabe cómo va a funcionar.
Un funcionario del equipo de transición de Trump se negó a responder preguntas específicas sobre trabajadores agrícolas inmigrantes, y en lugar de eso, envió un comunicado en inglés. Un extracto a continuación:
“El presidente Trump hará uso de todos los poderes federales y coordinará con las autoridades estatales para instituir la mayor operación de deportación de delincuentes ilegales, traficantes de drogas y traficantes de personas en la historia americana, y al mismo tiempo, reducirá los costos para las familias y fortalecerá nuestra fuerza laboral”.
Pero para un ex productor lechero en Vermont, John Roberts, es difícil imaginar deportaciones masivas en las granjas y los campos del estado.
“¿De verdad va a entrar Trump en alguna operación lechera y va a apoderarse de todos sus trabajadores y causar que esos productores se enfaden con él?”, dijo en inglés. “Soy optimista. No creo que eso suceda”.
Más personas en la industria me dijeron que muchos productores comparten la perspectiva de Roberts sobre la probabilidad de que se produzcan redadas de inmigración en las granjas.
“Eso es realmente inimaginable”, dijo en inglés Dan Baker, profesor emérito de la Universidad de Vermont que ha estudiado el trabajo en la industria lechera durante un par de décadas.
“Para algunas granjas, sabes, cuando el productor es herido, por ejemplo, o no tienes trabajadores, la granja puede quebrar muy, muy rápido”.
Pero Baker dice que los productores no quieren convertirse en un blanco por hablar, porque ellos ya están bastante estresados — casi un tercio de las lecherías en Vermont han dejado de enviar leche en los últimos cuatro años.
Roberts fue el único agricultor, actual y anterior, dispuesto a hablar públicamente sobre este tema. Los funcionarios de agricultura del estado también se negaron a ser entrevistados.
Antes de vender su rebaño de vacas Brown Swiss en 2012, Roberts manejó una lechería en Cornwall por 40 años. Y en los últimos años de operación, el dice que contrató a algunos trabajadores de México que eran buenos empleados y contribuyentes de impuestos.
“Los tuvimos a través de una agencia con la suposición de que la agencia verificó su legalidad. No diré más que eso”, dijo.
Como una persona que migró a los EE.UU. desde Gran Bretaña, Roberts dice que aunque piensa que la seguridad fronteriza debe mejorar – también los métodos del país para llegar al estatus legal.
“Necesitamos pensar en un proceso para ponerlos en camino hacia al menos green cards, o algún tipo de visa, y finalmente, la ciudadanía”, agregó.
Qué quieren los trabajadores agrícolas
Muchas organizaciones de defensoría agrícola se oponen a las políticas como programas de trabajadores invitados, lo cual podría garantizarle a los productores una fuerza laboral sin brindar ciudadanía.
Teresa Mares comparte este punto de vista. Ella es profesora de antropología en la Universidad de Vermont, donde estudia inmigración y el sistema alimenticio. Ella también es parte del directivo de la organización defensora local de trabajadores agrícolas inmigrantes, Migrant Justice.
Y ella dice que aunque el sistema alimenticio de EE.UU. depende del trabajo de inmigrantes, también tiene una larga historia de explotación de empleados, y luego de criminalizarlos.
“Ya sea que estemos considerando el internamiento, ya sea que estemos considerando la importación selectiva de trabajadores bajo el programa Bracero y luego la negación a dejarlos quedarse”, dijo en inglés. “El sistema de inmigración es bastante violento contra los trabajadores inmigrantes”.
Mares dice que la amenaza de deportaciones masivas sigue este patrón. Y lo que debería pasar, dice, es que el sistema le brinde más voz y voto a los trabajadores.
Lupita, quien ha vivido en EE.UU. por más de una década después de venir para trabajar en una granja lechera en Vermont, quiere mejores protecciones a los derechos humanos. Los trabajadores en la industria han enfrentando problemas con sus condiciones de trabajo y vida por años, incluyendo a mujeres que regularmente reportan acoso sexual.
Lupita dice que en la primera granja donde trabajó junto a su papá, su jefe no le pagaba el mismo salario que le daba a los hombres, aunque trabajaba hasta 14 horas diarias.
Una de las preocupaciones más grandes de Lupita es que, debido a las amenazas de Trump de detención y deportación, los trabajadores agrícolas inmigrantes tengan miedo de hablar sobre el maltrato.
“Porque a veces la gente, por el miedo a su estatus migratorio, aceptan cualquier trato de los patrones o cualquier abuso”, dijo.
Pase lo que pase cuando Trump tome posesión, Lupita planea continuar con lo que ha hecho por muchos años: organizarse con Migrant Justice.
Durante la pasada década, el grupo ha ayudado a impulsar un programa de derechos laborales y de vivienda llamado Milk With Dignity, a obtener acceso expandido a licencias de conducir y a luchar por una política estatal que reduce la colaboración entre policía local y autoridades migratorias.
Lupita dice que los trabajadores agrícolas que hablan en contra de la injusticia son la manera de salir adelante.
“El mundo no se va a detener porque Trump sea presidente”, dijo ella.
“Yo sigo organizando a mis compañeros, [ellos] tienen ganas de organizarse ... tenemos que seguir haciendo esto”.
La segunda administración del presidente Trump empieza hoy.
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