El estado de Connecticut presentó una demanda junto a una coalición de 18 estados para desafiar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que anula la ciudadanía automática para niños nacidos de padres indocumentados en los EE. UU.
Según la orden ejecutiva, ningún departamento o agencia del gobierno estadounidense reconocerá la ciudadanía estadounidense de niños nacidos a madres que estén en el país de forma ilegal o temporal, y a un padre que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
El Fiscal General, William Tong, ha catalogado la orden como un ataque al derecho constitucional de la Decimocuarta Enmienda.
“Sería como decir sobre otros derechos fundamentales que la gente podrá tener, que podrán figurar en la Constitución, pero no te aplican”, indicó Tong. “¿Se imaginan si el presidente saliera y dijese, ‘¿Saben qué? Entiendo que la libertad de expresión está en la Primera Enmienda, pero a ti no te aplica’... Eso es lo que están haciendo con la ciudadanía por nacimiento”.
La orden afecta directamente a familias de Connecticut por las preguntas sin respuesta que la orden implica. En concreto, Tong explicó que no detalla qué estatus migratorio tendrán estos niños.
“¿Tendrán estatus en el país de origen de sus padres? Nadie sabe”, dijo.
Un bebé nacido sin estatus migratorio, o con estatus incierto, levantará banderas rojas para las fuerzas migratorias federales, que están en búsqueda de personas indocumentadas, explicó Tong. Como resultado, la orden en efecto coloca un blanco sobre estos bebés y sus familias.
“Si el bebé se enferma, ¿irías a sala de emergencias y arriesgarías exponer a tu familia? ¿Alguien atenderá a tu bebé si no tiene estatus migratorio? ¿Llamarías a la policía? ¿Llamarías al 911 si ocurre una emergencia en tu casa? ¿Firmarías un contrato de arrendamiento y te comprometerías a un apartamento por un año o dos?”, Tong preguntó, de forma hipotética.
Según Tong, estas preguntas retóricas son el motivo por el cual se debe combatir esta orden en los tribunales.
La demanda también está bien fundamentada, señaló Tong, debido a que la orden es “inconstitucional y contraria a la ley”.
“La única manera de cambiar este lenguaje o aceptar una interpretación distinta es mediante una enmienda ratificada por los estados. No podemos irnos por las ramas. No se puede acudir al Congreso y pedirles que la cambien. No se puede cambiar la Constitución por orden ejecutiva, por decreto, de un plumazo”, declaró Tong.
Según la demanda, la coalición de estados busca que el tribunal declare como inconstitucional la orden ejecutiva y que detenga su implantación.
El fiscal general del estado de Massachusetts colidera la demanda junto a los fiscales generales de Nueva Jersey y California. Washington D.C., así como la ciudad y el condado de San Francisco, también forman parte de la coalición, al igual que todos los estados de Nueva Inglaterra, con la excepción de New Hampshire.
La orden aplicaría a los bebés nacidos luego del 19 de febrero.
