La Junta Estatal de Educación de Connecticut votó unánimemente el miércoles para intervenir en la administración del distrito escolar de Bridgeport. Un oficial designado por el estado ayudará a dirigir el sistema escolar.
La votación se celebra luego de que el superintendente Royce Avery anunciara en noviembre que el distrito escolar enfrenta un déficit presupuestario de más de 30 millones de dólares.
La medida llega más de una década después de que el estado intentara asumir control del distrito escolar. La comisionada del Departamento de Educación de Connecticut, Charlene Russell-Tucker, lo definió como una asociación.
“Al colaborar con la Junta de Educación local, los líderes del distrito, los educadores, el personal escolar, los estudiantes y la comunidad en general, maximizamos nuestra capacidad para garantizar que cada niño tenga el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial”, expresó Russell-Tucker.
Avery sustituyó a la ex superintendente Carmela Levy-David, quien renunció a su cargo en medio de la polémica y un voto de censura por parte de los docentes.
El superintendente y la presidenta de la Junta de Educación de Bridgeport, Jennifer Pérez, se reunieron a principios de este mes con el Comité de Responsabilidad y Apoyo de la Junta Estatal de Educación para discutir las medidas que el distrito estaba tomando para abordar el déficit presupuestario, entre ellas, recortes de personal y el posible cierre de instalaciones escolares.
Los oficiales estatales subrayaron que se trata de una colaboración, tras un intento previo de intervención más amplio que fue bloqueado por una decisión de la Corte Suprema estatal.
Avery elogió los resultados de la votación.
“Estoy satisfecho con los resultados de la reunión de hoy de la Junta Estatal de Educación de Connecticut y agradecido por la confianza que la comisionada del Departamento de Educación de Connecticut, la Junta Estatal de Educación de Connecticut y la Junta de Educación de Bridgeport han depositado en mí y en nuestro plan para encaminar al distrito como superintendente interino”, dijo Avery.
La senadora estatal demócrata Sujata Gadkar-Wilcox, quien representa partes de la ciudad y también forma parte del comité estatal de educación, respaldó los comentarios de Russell-Tucker, aunque advirtió que cualquier cambio debe contar con la participación de la comunidad.
“Acogemos con satisfacción la oportunidad de recibir recursos estatales adicionales, que creo son muy necesarios en Bridgeport”, dijo Gadkar-Wilcox. “Es fundamental que los miembros electos de la Junta de Educación mantengan el control sobre el sistema escolar de Bridgeport”, añadió.
La votación también otorga a la comisionada de educación del estado la autoridad para seleccionar un superintendente permanente.
El distrito ha enfrentado durante mucho tiempo desafíos en cuanto a estándares educativos y financiamiento, según un informe estatal de marzo de 2012. En 2011, la Junta de Educación de Bridgeport votó 6–3 a favor de solicitar la intervención estatal, alegando que no podía operar de manera eficaz.
El Departamento de Educación del Estado aceptó la petición y empezó a sustituir la junta escolar por miembros nombrados por el estado.
En 2012, una decisión de la Corte Suprema estatal determinó que la intervención era ilegal. El tribunal falló a favor de varios ex miembros de la junta escolar que demandaron, alegando que el estado no proporcionó los programas de capacitación obligatorios, según lo estipulado por la ley estatal.
La medida actual se queda corta, y en su lugar ordena la capacitación para los actuales miembros de la junta para mejorar la eficacia operativa.
A pesar de ello, una ex miembro de la Junta de Educación y ahora concejal de la ciudad, Maria Pereira, expresó escepticismo sobre la intervención estatal en un comentario público antes de la votación.
Pereira afirmó que la última vez que el estado intentó intervenir, resultó en la designación de Paul Vallas como superintendente, quien dejó el cargo poco después debido a controversias sobre su idoneidad para dirigir el distrito y sus aspiraciones políticas en su natal Illinois, según el CT Mirror.
Pereira fue la demandante principal en la demanda de 2011.
“Bridgeport ha estado constantemente en las noticias nacionales, y no ha sido por cosas positivas, sino por cosas negativas”, dijo Pereira. "Así que entiendan, nos estamos movilizando, nos estamos preparando y no lo aceptaremos".
La junta no va a ser sustituida, pero el estado seguiría teniendo mucho poder sobre las decisiones cotidianas del distrito, incluido el nombramiento de su propio superintendente, o de un oficial de mejoramiento del distrito, que tendría una autoridad similar a la de un superintendente.
Sin embargo, mientras el estado busca intervenir parcialmente en las escuelas, algunos expertos en educación afirman que las intervenciones estatales pueden perjudicar el rendimiento académico y, en su mayoría, no mejoran en gran medida las finanzas de los distritos locales.
Según un estudio de la Universidad de Harvard de 2021, Connecticut es uno de los estados con mayor número de intervenciones de distritos locales a nivel nacional.
