Los republicanos de la Cámara están proponiendo una reforma a la Ley Trust de Connecticut para facilitar que las fuerzas del orden estatales y locales informen a los oficiales de inmigración federales cuando una persona indocumentada sea arrestada.
Bajo la Ley Trust, la policía estatal y local no puede informar a las autoridades federales de inmigración sobre el estatus indocumentado de una persona a menos que haya sido condenada por delitos graves de Clase A o B, como asesinato y agresión en primer grado, o si la persona está en una lista de vigilancia terrorista.
La falta de excepciones que permitan notificar la custodia a las autoridades migratorias federales crea obstáculos para la policía de Connecticut, según el representante estatal republicano Craig Fishbein, de Middlefield y Wallingford.
“Nuestra propuesta elimina esos obstáculos para las fuerzas del orden público. Ahora el arresto, y no la condena, sería el factor determinante”, dijo Fishbein.
La propuesta de los republicanos de la Cámara, que cuenta con el respaldo de senadores como Rob Sampson, permitiría a la policía estatal y local contactar a las autoridades migratorias federales sobre una persona indocumentada que ha sido arrestada por delitos adicionales. El proyecto de ley ampliaría la lista para incluir delitos graves de Clase C, como falsificación y soborno.
Además, el proyecto de ley permitiría a la policía estatal y local retener a una persona indocumentada hasta por 48 horas sin una orden judicial o una solicitud de las autoridades federales, según Fishbein.
“Bajo nuestra propuesta, la policía ya no necesitará una orden de ICE y una orden judicial para mantener nuestras calles seguras de inmigrantes ilegales que eligen cometer delitos atroces”, afirmó Fishbein.
La propuesta llega luego de que el Congreso aprobara un proyecto de ley conocido como la Ley Laken Riley, que instruye a los oficiales de inmigración federales a detener y deportar a personas indocumentadas acusadas de delitos menores, como robos menores.
Si el Presidente Donald Trump firma el proyecto de ley, el líder republicano de la Cámara, Vincent Candelora, dijo que Connecticut debería seguir el ejemplo y cumplir con la ley federal.
Defendiendo la Ley Trust
Los opositores al cambio en la Ley Trust advierten que la reforma propuesta eliminaría el derecho al debido proceso de las personas arrestadas, especialmente porque la ley podría afectar a personas indocumentadas que cumplen con la ley y que podrían ser arrestadas sin que se radiquen cargos o condenas.
“Permítanme pintar un pequeño cuadro de quiénes podrían ser estas personas. Podrían ser padres, madres, nuestros vecinos, personas de nuestra comunidad a las que incluso admiramos. Creo que debemos ser cautelosos con lo que estamos tratando de hacer”, dijo el senador estatal demócrata Gary Winfield.
Winfield propuso la actualización de la Ley Trust en 2019, la cual eliminó varias excepciones de la versión original aprobada en 2013, dejando solo las condenas por delitos graves de Clase A o B y a las personas en listas de vigilancia terrorista como excepciones.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, reiteró que los estados no necesitan actuar en asuntos de inmigración federal. Tong afirmó que la Ley Trust vigente garantiza que las fuerzas del orden estatales y locales no se enfoquen en hacer el trabajo de los oficiales de inmigración federales y que las personas indocumentadas no tengan miedo de llamar al 911 por temor a ser deportados.
“Esa es la idea de la Ley Trust. Nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos hacen el suyo. No necesitamos que las fuerzas del orden estatales y locales, el personal de respuesta ni los funcionarios estatales hagan cumplir las leyes migratorias”, explicó Tong.
El representante estatal republicano Greg Howard dejó claro que las personas indocumentadas no deben temer acercarse a la policía local para denunciar un delito, ya que este proyecto de ley solo busca garantizar que los delincuentes sean reportados a ICE.
“Nuestra propuesta no crea una situación en la que las fuerzas del orden estatales y locales de Connecticut se conviertan en una extensión de ICE para salir y detener a personas que están aquí ilegalmente y que no han cometido otros delitos”, dijo Howard. “Sin embargo, podemos ayudar a nuestros socios federales, que cuentan con recursos limitados, al sacar a las personas más peligrosas de nuestras comunidades. Ese es nuestro enfoque y la actual Ley Trust lo impide”.
Una mirada al futuro
Un memorando reciente del Departamento de Justicia instruyó a los fiscales federales a investigar a cualquier funcionario estatal o local que obstaculice la aplicación de las leyes de inmigración de la administración Trump.
Tong emitió una declaración conjunta con 11 fiscales generales estatales oponiéndose a la medida, afirmando que las fuerzas del orden estatales y locales no pueden ser obligadas a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“En este momento, estas amenazas ambiguas no son más que tinta sobre papel”, rezaba la declaración. “Pero que no quede duda de que nuestros estados no vacilarán en responder si estas palabras se convierten en acciones ilegales”.
El líder republicano de la Cámara, Vincent Candelora, dijo que Tong está buscando expandir la Ley Trust para evitar que los oficiales del Departamento de Corrección informen cuando una persona indocumentada se encuentra en un centro correccional o prisión.
Tong respondió que aún no ha habido anuncio, ya que continúa la conversación sobre la Ley Trust entre los socios legislativos, el gobernador y la comunidad.
Cuando se le pidió su opinión, el senador Winfield indicó que tendría que considerar la posición del Departamento de Corrección, “pero creo que lo apoyaría”.
Más de 20 grupos de defensa de los inmigrantes y sus aliados enviaron una carta al gobernador Ned Lamont y a los legisladores estatales el mismo día en que los republicanos de la Cámara presentaron su propuesta.
“Hacemos un llamado a la legislatura estatal y al gobernador Lamont para que prioricen el fortalecimiento de la Ley Trust en la sesión legislativa de 2025”, señaló la carta enviada por la ACLU de Connecticut.