Más de un centenar de personas abarrotaron el martes los pasillos del capitolio estatal en apoyo de dos proyectos de ley que extenderían la edad de elegibilidad para Salud HUSKY, el programa de salud Medicaid financiado por el estado de Connecticut.
En el público se encontraba Patricia Rosas, de 55 años de edad y residente de Hartford. Rosas es una inmigrante mexicana que ha vivido en Connecticut desde la década de los 90.
En 2019, Rosas fue diagnosticada con cáncer de riñón, pero nos comenta que sus médicos intentaron negarle el servicio.
“No querían ayudarme,” relató. “Me dijeron que tenía que regresar a mi país. Gracias a Dios que la comunidad y muchas personas me ayudaron a conseguir tratamiento. Por eso estoy aquí hoy, porque me ayudaron. Pero si fuera por la gente que toma las decisiones, no estaría aquí porque no quisieron ayudarme.”
Acudió a la convocatoria organizada el martes por el grupo de defensa HUSKY 4 Immigrants. Ella forma parte tanto del Colectivo de Defensa de Hartford como de Manos Unidas de New Britain, una organización local de defensa para la comunidad de personas inmigrantes y sin documentos.
Al ver tanto apoyo a la extensión, Rosas se sintió motivada. Es común que muchos inmigrantes latinos regresen a sus países para obtener servicios de salud asequibles, dijo ella, lo cual pone en riesgo su propia salud y situación financiera. Tras haber tenido que luchar para recibir tratamiento, ella afirma que es necesario ampliar la elegibilidad para Salud HUSKY.
Dos proyectos de ley para ampliar el acceso a servicios de salud
Existen dos proyectos de ley que proponen extender la cobertura de Salud HUSKY a personas elegibles por su nivel de ingresos hasta los 26 años, independientemente de su estatus migratorio. En concreto, uno de los proyectos busca extender el acceso a inmigrantes sin estatus legal a las personas mayores de 65 años.
Esta iniciativa se produce luego de que el verano pasado se extendiera el acceso a HUSKY a personas sin documentos de hasta 15 años de edad. A principios de esta sesión legislativa, los representantes demócratas se plantearon elevar el límite de edad a los 18 años.
La representante estatal demócrata Jillian Gilchrest, de West Hartford, fue una de las legisladoras que impulsó esta expansión. En la manifestación del martes, Gilchrest reiteró su compromiso de ampliar el acceso a los servicios de salud para los residentes sin documentos.
“Mi estimado copresidente y yo, junto con muchos de nuestros colegas, hemos trabajado para ampliar el acceso a los servicios de salud para las personas indocumentadas en el estado de Connecticut”, señaló. “Tenemos el compromiso de continuar esa labor, independientemente de la presión que recibamos de este gobierno federal.”
La administración Trump decidió suspender las subvenciones y los préstamos federales a partir del martes, lo que, según los funcionarios electos de Connecticut, interrumpió el acceso a los portales de Medicaid y otras fuentes de fondos federales para servicios sociales, como el programa de cuidado infantil Head Start. Según funcionarios de la administración, el objetivo es garantizar que el uso de fondos federales cumpla con las últimas órdenes ejecutivas de Trump que revirtieron las iniciativas de DEI, inmigración y cambio climático.
Aunque un juez federal suspendió temporalmente la congelación de fondos impuesta por la administración Trump hasta el lunes, los obstáculos judiciales en curso aún podrían afectar los planes presupuestarios de esta sesión. Según el presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, no se sabe exactamente cómo afectará esto a Connecticut.
“Hay mucha incertidumbre y tendremos que resolver muchas cosas y ver qué hace el Congreso en los próximos 90 días con el programa Medicaid”, explicó Ritter.
Connecticut es uno de casi dos docenas de estados que han presentado demandas para impugnar la congelación de fondos de Trump ante los tribunales. Independientemente de ello, las implicaciones de cómo una medida de este tipo podría afectar el financiamiento de programas como Salud HUSKY y programas en beneficio de los inmigrantes han llevado a los demócratas y republicanos del estado a deliberar sobre el destino de los fondos a medida que la sesión legislativa continúa.
Los líderes republicanos del estado, Vincent Candelora y Stephen Harding, condenaron la propuesta en un comunicado emitido el miércoles por la mañana, en el que criticaban los costos.
“Lo verdaderamente valiente sería decir ‘no’ a los inmigrantes ilegales y a sus grupos de defensa o, como mínimo, ser honestos con los residentes legales sobre los costos de esta propuesta”, sostuvieron. “En lugar de proteger los modestos controles fiscales de nuestro estado, los demócratas están promoviendo cientos de millones en gastos nuevos para financiar su agenda progresista.”
El gobierno federal financia mucho más de la mitad de los gastos estatales en Medicaid. Según KFF, en el año fiscal 2023, Connecticut recibió el 63.4% de su parte del gasto de Medicaid.
El programa Medicaid de Connecticut registró excesos de costos por cientos de millones de dólares al inicio del actual año fiscal. Connecticut Mirror informó que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) está contabilizando el uso y los costos del programa, que según el DSS ha despertado un interés mucho mayor de lo esperado en las inscripciones. Se espera que el costo total se dé a conocer antes de que el Gobernador Ned Lamont publique su presupuesto en febrero.
Esta noticia se ha actualizado para incluir una declaración de los líderes del Partido Republicano de Connecticut e información sobre los gastos de Medicaid. Michayla Savitt y The Associated Press contribuyeron a este reportaje.
