Se ha concedido una subvención federal de $2 millones a un proyecto destinado a reconectar zonas de New Haven afectadas por decisiones pasadas sobre infraestructuras de transporte. Sin embargo, existen preocupaciones de que sea una de las muchas subvenciones y préstamos federales en riesgo de perder su financiamiento después de que el presidente Donald Trump intentara ordenar la congelación de fondos federales a las 5 p.m. del martes.
Un juez federal emitió una orden de suspensión el martes por la tarde, bloqueando temporalmente la acción del presidente hasta el lunes.
Antes de la acción del juez federal, la oficina del senador Richard Blumenthal comunicó que el programa para reconectar los vecindarios de New Haven se vería afectado por la congelación de fondos federales.
Blumenthal emitió un comunicado criticando la orden fuertemente.
“Tal como está planteada actualmente, parece legalmente insostenible”, dijo Blumenthal. “Ningún presidente puede simplemente detener programas debidamente financiados por el Congreso. Lucharé para revertir esta orden dictatorial imprudente, ilegal y perjudicial”.
Como parte de la Iniciativa de Reconexión de Vecindarios de la I-91, el Programa Piloto de Reconexión de Comunidades (RCP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Transporte de EE. UU. otorgó $2 millones a New Haven.
El objetivo del proyecto es mitigar los perjuicios, desde comunidades divididas hasta riesgos para los peatones causados por la construcción de la interestatal 91, sufridos durante mucho tiempo por la gente de color.
Los residentes de New Haven se han quejado de los efectos de la carretera, incluyendo la división del vecindario Wooster Square de la ciudad y la creciente dificultad para navegar de manera segura por la ciudad.
Funcionarios locales y federales dicen que el proyecto podría incluir la construcción de barreras para proteger a los peatones, la creación de pasarelas peatonales y el aumento de viviendas asequibles.
Los fondos federales para el proyecto se anunciaron antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. No obstante, el reciente intento de Trump de congelar todos los fondos de subvenciones y préstamos federales ahora pone en riesgo el proyecto.
Los funcionarios locales dicen que, si los fondos federales no llegan, están convencidos de que pueden encontrar otras fuentes de financiamiento para un plan que, según ellos, haría que las zonas aledañas a la autopista fueran más habitables para los residentes.
William Tong, el fiscal general de Connecticut, dijo en un comunicado que llevaría al gobierno federal a los tribunales por la orden.
“Esto es un ataque total contra las familias de Connecticut, un asalto sin precedentes, descaradamente ilegal e inconstitucional, que afecta a todos los rincones y niveles de nuestro gobierno y economía. Los fiscales generales de todo el país están preparando acciones legales inminentes para proteger a nuestros estados”, declaró Tong.
El lunes, durante un acto para anunciar el proyecto en New Haven, Caroline Tanbee Smith, concejal del distrito 9, dijo que podría haber otras fuentes de financiamiento para el RCP.
“Creo que podemos elaborar un plan que logre atraer recursos, ya sea del gobierno federal o de fuentes filantrópicas”, señaló Tanbee Smith.
El Programa RCP también está diseñado para unir varios proyectos independientes de la zona, como el Plan de Crecimiento Responsable de Long Wharf y Mill River: “Imagine Next” (“Imagina el futuro”).
La ciudad de New Haven podría enfrentarse a otros obstáculos adicionales.
La Casa Blanca eliminó recientemente la Iniciativa Justice 40, creada por el expresidente Joe Biden. Según la Agencia federal de Protección Ambiental, la orden ejecutiva requería que al menos el 40 por ciento de algunas inversiones federales beneficiaran a comunidades desfavorecidas.
Michael Piscatelli, administrador de Desarrollo Económico de New Haven, señaló que ahora que la iniciativa ha sido eliminada, el estado podría evaluar las áreas ambientalmente dañadas por la I-91.
“Probablemente seguiríamos la ley estatal de Connecticut para realizar las evaluaciones y encontrar una manera de recuperar su uso productivo”, indicó Piscatelli.
Gran parte de esos fondos proceden del gobierno federal. Mientras hablaba en el evento del lunes para anunciar los $2 millones en fondos federales para el RCP, mucho antes de que Trump ordenara la congelación de fondos, la representante estadounidense Rosa DeLauro, demócrata de Connecticut, reconoció que Trump podría intentar interferir en el desembolso de fondos federales.
“Él cree que tiene la autoridad constitucional; no la tiene, y esto ha sido deliberado en el Departamento de Justicia, en la Contraloría General, y de hecho, el presidente del Tribunal Supremo, Scalia, dijo que no hay base para esa idea de que él tiene la autoridad constitucional para tomar dinero y moverlo”, afirmó DeLauro. “El poder de la asignación de fondos reside en el Congreso y en el Comité de Asignaciones”.
